La normatividad actual data de1984
La diputada María Eugenia Méndez Dávalos, en representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó al Pleno del Congreso una Iniciativa de Decreto que contiene proyecto de Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos de Michoacán.
En la exposición de motivos señala que que en derecho toda persona tiene deber de respetar la esfera jurídica ajena y, cuando no lo hace, tiene la responsabilidad de resarcir los daños. Esta obligación que nace ante los demás puede tener distinta naturaleza, usualmente civil o penal, pero cuando se trata del servicio público, la responsabilidad que surge es distinta a las tradicionales, tal cual lo dispone el Título Cuarto de la Constitución de la República, base normativa de la responsabilidad de los servidores públicos y de sus sanciones en nuestro país.
En la misma exposición de motivos señala que el derecho constitucional a favor de los gobernados se actualiza en distintos ámbitos de responsabilidad, mismos que para efectos de la legislación estatal se circunscriben a Administrativa, Política y Remoción de fuero constitucional o Juicio de procedencia.
Que estas responsabilidades, además del Registro Patrimonial y la Acción Pública, son la materia que se pretende legislar con la Iniciativa de Ley, toda vez que la normatividad vigente desde 1984 no es clara respecto a aspectos sustanciales como los procedimientos para aplicar sanciones y las autoridades para ejecutarlas, es discrepante con otros ordenamientos legales y aun refiere a denominaciones que han quedado atrás en los distintos poderes del Estado.
Que con este proyecto de ley se intenta dar orden, claridad y armonía legal a la regulación en materia de responsabilidades de los servidores públicos así como hacer eficiente nuestro sistema de control en las entidades públicas, tanto en lo correspondiente al desempeño del cargo, función o comisión, como en lo relativo al orden financiero y administrativo que debe caracterizar a los distintos poderes, ayuntamientos y organismos autónomos, mismos que representan la calidad institucional de nuestro Estado.
Con este nuevo ordenamiento, en principio, se determinan claramente los órganos de control responsables de recibir denuncias, deslindar responsabilidades e imponer sanciones, se homogeniza el proceso administrativo de responsabilidades para todos los poderes, se establecen con claridad los órganos de ejecución de las sanciones y se instituye la posibilidad de recurrir ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado cualquier resolución administrativa de los órganos de control.
Igualmente, considerando la transcendencia del Poder Ejecutivo y su magnitud en referencia a los demás poderes e instituciones estatales, se establecen las contralorías internas de sus diferentes dependencias, mismas que serán dependientes de la Coordinación de Contraloría pero que se ubicarán respectivamente a efecto de generar una mayor cautela en la administración de recursos y en el desempeño de los servidores públicos.
LA ACCION PUBLICA
Mientras que en cumplimiento al orden constitucional local se incorpora la Acción Pública como mecanismo a través del cual los ciudadanos pueden presentar denuncia ante el Congreso del Estado respecto de actos u omisiones que sean motivo de sanciones administrativas, políticas o penales.
Tras definir en esa Iniciativa el término de Servidor Público se establece que en el ámbito de su respectiva competencia, los poderes Legislativo y Judicial, los ayuntamientos y los organismos autónomos del Estado de Michoacán serán responsables de garantizar el objeto de esta ley, a través de sus respectivos órganos internos de control, cualquiera que sea la denominación que ostenten. La Coordinación de Contraloría lo hará en lo que se refiere al Poder Ejecutivo Estatal, por sí, o por conducto de los órganos internos de control en cada dependencia o entidad.
Esta ley se interpretará atendiendo en todo momento al cumplimiento de su objeto y observando el principio de presunción de inocencia.
En el capítulo II la iniciativa señala las obligaciones administrativas tanto específicas como generales de los servidores públicos; el código de ética de las autoridades que contendrá reglas claras para que, en la actuación de los servidores públicos impere invariablemente una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño en situaciones específicas que se les presenten, propiciando así una plena vocación de servicio público en beneficio de la población.
La queja o denuncia podrá presentarse de manera oral o por escrito y deberá contener la información con la que se permita advertir la presunta responsabilidad del servidor público. En caso de quejas o denuncias orales quien las reciba deberá asentarlas por escrito. El promovente de la queja o denuncia, si así lo considera, podrá manifestar sus datos generales a efecto de conocer las actuaciones del procedimiento.
Tras aludir a los órganos internos de control la iniciativa de Ley establece que los titulares de los órganos internos de control que incumplan las obligaciones establecidas en esta ley o en la normatividad aplicable podrán ser denunciados y serán responsables administrativamente ante el titular de la Coordinación de Contraloría, el Congreso del Estado, el Supremo Tribunal de Justicia, el ayuntamiento respectivo o el titular u órgano que encabece el organismo autónomo de que se trate, según corresponda.
En el caso de los órganos internos de control de las dependencias del Poder Ejecutivo serán responsables ante el titular de la Coordinación de Contraloría.
La iniciativa plantea las sanciones que van desde una amonestación hasta la suspensión del empleo, cargo o comisión por un periodo no menor de 3 días ni mayor de un año; sanción económica; destitución, cuando los efectos de la conducta realizada sean considerados de gravedad para el servicio público e inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público, de uno a 4 años, cuando no se produzcan beneficios económicos ni daños o perjuicios patrimoniales, y de 4 a 10 años en caso contrario.
Las responsabilidades que ameriten sanciones económicas se fincarán a los servidores públicos que hayan cometido las irregularidades administrativas; a los servidores que por la índole de sus funciones hayan omitido la revisión o autorizado los actos irregulares, y a los proveedores, contratistas o particulares que por virtud de los actos o contratos que realicen con el Estado, afecten recursos económicos públicos o el patrimonio del Estado.
Los presuntos responsables garantizarán con el embargo precautorio, en forma individual, el importe de los pliegos preventivos, a reserva de la calificación o constitución definitiva de la responsabilidad administrativa derivada.
Luego de enumerar las condiciones para sancionar, la iniciativa señala el procedimiento para la ejecución de sanciones y los recursos a los que pueden incurrir los sancionados.
JUICIO POLITICO
El capítulo III aborda el tema del Juicio Político al que podrán ser sometidos el gobernador, los diputados, los integrantes y funcionarios de los ayuntamientos que señala la Ley Orgánica Municipal, sea cual fuere el origen de su encargo, el Auditor Superior, los magistrados y consejeros del Poder Judicial, los jueces de primera instancia, jueces menores, los titulares de las dependencias centralizadas y entidades paraestatales de la administración pública estatal así como de entidades autónomas.
Se refiere a la procedencia de los juicios políticos y al procedimiento para la denuncia ciudadana en tanto que el capítulo V señala disposiciones comunes para los capítulos III y IV y el capítulo VI se refiere a que cualquier persona, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba a su alcance, podrá presentar denuncia ante la Mesa Directiva del Congreso del Estado respecto de actos u omisiones que sean motivo de sanciones administrativas, políticas o penales. En su escrito de denuncia deberá manifestar sus datos generales, las conductas u omisiones denunciadas y las pruebas a su alcance, así como el órgano interno de control o instancia que deba conocer el asunto.
El capítulo VII se refiere al registro patrimonial de los funcionarios y servidores públicos y quiénes deben hacer su declaración municipal y que son, en el Poder Legislativo, desde jefes de departamento o sus equivalentes hasta diputados, incluido el personal de la Auditoría Superior del Estado y de la Contraloría Interna y todos aquéllos servidores que manejen recursos públicos.
En el Poder Ejecutivo, deben presentar declaración patrimonial los servidores públicos de las dependencias y de las empresas de participación estatal, organismos descentralizados, fideicomisos públicos, desde jefes de departamento hasta los titulares de las dependencias, incluyendo al Gobernador del Estado, notarios públicos, defensores de oficio, agentes del Ministerio Público, peritos y aquellos que manejen, recauden o administren fondos y recursos públicos. En la Coordinación de Contraloría y sus órganos internos de control, todos sus servidores públicos;
en el Poder Judicial, desde jefes de Departamento hasta magistrados y consejeros, incluidos jueces, secretarios proyectistas, actuarios, de cualquier categoría o designación, así como todos aquellos que manejen, recauden o administren fondos o recursos públicos.
En los ayuntamientos y sus organismos municipales descentralizados, deben presentar declaración patrimonial desde jefes de departamento o sus equivalentes hasta presidente y regidores, incluidos los síndicos, secretarios y tesoreros, así como todos aquellos que manejen, recauden o administren fondos o recursos públicos, y
en los organismos autónomos, desde jefes de departamento, o sus equivalentes, hasta sus titulares; así como todos aquéllos servidores del propio organismo que manejen recursos públicos.
Esta misma obligación la tendrán los servidores públicos que tengan a su cargo una o más de las funciones siguientes: dirección, supervisión, inspección, auditoría, seguridad, vigilancia, custodia, fiscalización, procuración y administración de justicia y readaptación social También la representación legal titular o delegada para realizar actos de dominio, de administración general o de ejercicio presupuestal; manejo de fondos estatales o municipales; custodia de bienes y valores; atención o resolución de trámites directos con el público para efectuar pagos de cualquier índole para obtener licencias o autorizaciones; adquisición o comercialización de bienes y servicios, y realización de pagos de cualquier índole.
La ley establece los plazos para la declaración patrimonial; el incumplimiento y las sanciones. (ASR)