Incluidos los directores de seguridad pública
Un grupo de 29 policías municipales de Chilchota, Tangancícuaro y Purépero, incluidos los directores de Seguridad Pública, fueron consignados para ser procesados como presuntos responsables de delitos de privación ilegal de libertad, homicidio y secuestro, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
El juez encontró elementos que sustentan la presunta responsabilidad de los policías, pues sus actos y omisiones contribuyeron a facilitar la operación de secuestradores, derivado de lo cual ocurrió un enfrentamiento en Chilchota en el que murieron cuatro presuntos delincuentes y Edgar León López, un jefe de grupo de la policía ministerial.
La PGJE se refirió a lo ocurrido la tarde del 13 de mayo pasado cuando en Chilchota, comunidad indígena ubicada en la región Cañada de los Once Pueblos, la policía ministerial efectuó un operativo para liberar a un transportista que había sido secuestrado el lunes 5 de mayo en Uruapan.
El pago del rescate exigido para liberar a su víctima se había acordado entregar en la periferia de Chilchota, precisamente donde está la gasolinería, por la salida a Carapan, pero los delincuentes fueron descubiertos y empezó la balacera.
Según la PGJE, durante el enfrentamiento, los policías municipales de Tangancícuaro y Chilchota se quedaron inmóviles a pesar de que estaban a menos de cien metros del sitio de la agresión. Esto provocó sospechas entre los policías del grupo antisecuestros de la PGJE.
Tras el enfrentamiento fueron detenidos 32 agentes municipales por la sospecha de estar involucrados con la delincuencia organizada; luego fueron trasladados a Morelia. Por sus declaraciones se supo que policías de Purépero también estaban involucrados de la misma manera.
El pasado 14 de mayo, el director de Seguridad Pública de Chilchota fue detenido, acusado de dar protección a una célula criminal dedicada al secuestro y la extorsión y dos días después fueron detenidos los directores de Seguridad Pública de Purépero y Tangancícuaro, Miguel Angel Ramos y Sergio Elías Plancarte, respectivamente, tras haber reconocido que recibían pagos del crimen organizado.
Se conoció también que los directores de las corporaciones policiacas recibían de la delincuencia organizada pagos mensuales de 15 mil pesos; además se les dotaba de equipos de comunicación para cumplir con dicha actividad.
Por ello los mandos policiacos de las citadas poblaciones habían instruido a su personal a proporcionarles información de forma inmediata en cuanto tuvieran conocimiento de la incursión o presencia en la zona por parte de las fuerzas federales o de la policía ministerial.
Toda la información que recibían los mandos municipales, de inmediato era comunicada al líder de una organización delincuencial. Se acreditó que 29 de los 32 municipales realizaban trabajo de vigilancia e información a favor de las actividades de un grupo delincuencial.
Asimismo, se les decomisaron armas de fuego de alto poder y cartuchos útiles. En su momento, las autoridades judiciales acordaron el auto de formal prisión por la probable responsabilidad en delitos contra el sistema de seguridad pública.
Cabe señalar que a los directores de seguridad pública citados se suma la detención, esta semana que acaba de terminar, de Carlos Barajan Galván, director de seguridad pública de Villa Madero.
Por otra parte, durante varios días un grupo de vecinos de La Cañada de los Once Pueblos, integrado principalmente por los familiares de los policías de Chilchota detenidos, estuvieron bloqueando la carretera nacional en el tramo Chilchota-Carapan como medida de presión para que los policías sean liberados. (ASR)